Desde 1991, se lleva a cabo la iniciativa 16 días de activismo para ponerle fin a la violencia de género. Cada 25 de noviembre – Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer – hasta el 10 de diciembre – Día Internacional de los Derechos Humanos –, se realiza esta campaña con el objetivo de visibilizar la lucha por la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres y niñas.
En la actualidad, el tema de la violencia de género está presente en las agendas políticas y más aún en la conciencia pública. En medio de la pandemia causada por la Covid19, el riesgo de incremento de situaciones de violencia aumenta, por eso, la campaña #16DíasdeActivismo nos da la oportunidad de reconocer y abordar no solo las situaciones de violencia que sufren las mujeres en esta coyuntura, sino también, tomar acción mediante el activismo para ratificar e implementar el Convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo. Dicho convenio comprende una serie de manifestaciones de violencia y acoso en el mundo del trabajo, entre las que se encuentran el acoso sexual en dicho ámbito.
MUJERES MIGRANTES Y REFUGIADAS VENEZOLANAS EN EL PERÚ
Muchas personas de nacionalidad venezolana se han visto forzadas a migrar en busca de mejores oportunidades. Esta búsqueda resulta compleja para todas y todos, sin embargo, las mujeres son las más afectadas por la desigualdad de género que existe en nuestro mercado laboral.
Muchas de las mujeres que migran y buscan insertarse en el mercado laboral en diversos países, se encuentran expuestas a vivir violencia de género, debido, en muchos casos, a su condición migratoria irregular, falta de redes de apoyo, entre otros.
En el Perú, muchas mujeres venezolanas, están expuestas a una serie de estereotipos, que las exponen a situaciones de mayor riesgo, discriminación, xenofobia e hipersexualización. De acuerdo con el Análisis de Género de CARE Perú (2019), más del 15% de mujeres migrantes reportan como preocupación de seguridad, el acoso y la violencia sexual.
Muchas mujeres venezolanas migrantes experimentan acoso y hostigamiento sexual durante todo su proceso de inserción en el mercado laboral (búsqueda, entrada, ocupación y permanencia). Si bien es un tipo de violencia que no discrimina, es más común que ocurra entre mujeres insertadas en trabajos informales, aquellas vinculadas a los sectores de servicios y comercio (cocineras y ayudantes de cocina 19.10%, limpiadoras y asistentes domésticos 10.8%, meseras 16%, vendedoras ambulantes 4.3%) debido a que, por su naturaleza, hay un fuerte componente de atención al público.
El estudio de CARE Perú “Las mujeres migrantes y refugiadas venezolanas y su inserción en el mercado laboral peruano: dificultades, expectativas y potencialidades” (2020), revela que muchas de ellas, describen haber sufrido tratos agresivos, acoso sexual, situaciones de explotación e incumplimiento de pagos en sus ambientes laborales. A pesar de ello, en muchos casos, dichos eventos son tolerados, dadas las necesidades económicas por las que atraviesan.
A continuación, exponemos algunos de los testimonios recibidos por mujeres migrantes:
“Muchas veces, los/as empleadores/as aprovecharon la situación de necesidad laboral de las mujeres venezolanas para hacerles insinuaciones o acosarlas sexualmente, ejerciendo así su poder y normalizando este tipo de violencia en el ámbito laboral. ‘Porque creen que, ante la necesidad de las personas de nacionalidad venezolana, pueden aguantar malos tratos y acoso sexual’ (Mujer migrante, Lima, 42 años).”
“Para el caso de las mujeres autoempleadas, las situaciones de violencia sexual también se han presentado. A veces, deben aguantar la situación para no perder a sus clientes. ‘Tienes que saber tratar a todos porque pueden ser tus potenciales clientes’ (Mujer migrante, Piura, 46 años).”
Frente a esto, el proyecto Alma Llanera de CARE Perú, con fondos del Gobierno Estadounidense, busca mejorar la autosuficiencia e integración de personas refugiadas y migrantes de nacionalidad venezolana vulnerables en Perú a través de la promoción de acceso a la protección, así como de servicios de salud y salud mental, en las que interviene tanto las comunidades de acogida como migrante.